El procedimiento de Inspección se trata de una comprobación con  facultades más amplias a la hora de exigir documentación y/o comprobar elementos tributarios que los órganos de Gestión tienen vedados.

El procedimiento inspector termina con un acta que puede ser con acuerdo, en conformidad o en disconformidad, de la cual derivan las liquidaciones que son objeto de posterior recurso y que siguen el mismo procedimiento de revisión anterior, es decir, recurso de reposición y/o reclamación económico-administrativo y finalmente, en su caso, recurso contencioso-administrativo.

No siempre es la Administración la que inicia de oficio según qué procedimientos que derivan de una liquidación objeto de recursos y sea el contribuyente quien en sus propias autoliquidaciones haya visto mermado sus intereses, ya sea mediante la presentación de su declaración de la renta, de IVA, la plusvalía municipal, etcétera. En estos casos, el contribuyente no puede interponer un recurso contra su propia autoliquidación.

Para ello, es el contribuyente quien tiene que rectificar su autoliquidación y solicitar la devolución de un ingreso indebido o devolución derivada de la normativa del tributo.

Ante esta rectificación, la Administración debe dar respuesta mediante propuesta de resolución ante el que cabe un plazo para interponer alegaciones y posteriormente, si son desestimadas, dictar acuerdo de resolución, ante el que se abre vía de revisión, es decir, se abre plazo para interponer el correspondiente recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.

Cuando la Administración Tributaria liquida una deuda, los órganos de recaudación son los encargados de tramitar el cobro, ya sea mediante providencias de apremio, embargos o procedimientos de responsabilidad tributaria.

Como señalábamos, aunque se recurra una liquidación ello no implica que la deuda quede paralizada, y habría que solicitar fraccionamiento de dicha deuda, aplazamiento o suspensión. En las sanciones en cambio, sí quedan suspendidas mientras esté pendiente de resolver el recurso contra la misma.

Cuando no se consigue cobrar la deuda ante el deudor principal, la AEAT utiliza la vía de la derivación de responsabilidad, es decir, que hace responsable de la deuda tributaria a otro contribuyente.

Esta derivación de responsabilidad puede ser subsidiaria o solidaria y requiere de un procedimiento de derivación de responsabilidad que conlleva la apertura de la propuesta ante el que cabe alegaciones en trámite de audiencia hasta terminar con el acuerdo de derivación, momento en el que se abre la vía de revisión para recurrir.

En cambio, la reclamación económico-administrativa se presenta ante los llamados Tribunales Económico-Administrativos (Regional o Central y Municipal), que aunque dependen también del Ministerio de Hacienda, tienen mayor independencia funcional y revisan las decisiones de los órganos de gestión de la AEAT.

Al contrario que el recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa sí es obligatoria salvo contadas excepciones. Esta es la última instancia administrativa, por lo que en caso de resolución desestimatoria, habría ya que acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Generalmente se trata de un procedimiento separado del procedimiento de gestión o inspección y suelen derivar del propio acto de liquidación, lo que significa que además de que la Administración Tributaria puede exigirte el pago de la liquidación, abre expediente sancionador por infracción tributaria.

Al igual que las liquidaciones, el acuerdo sancionador es objeto de recurso (también independientemente de la liquidación) y la ejecutividad del acuerdo sancionador sí queda suspendida mientras se resuelva aquél.

Como es bien sabido, todos los actos administrativos llevan abierto un plazo de interposición de recurso que transcurrido, deviene firme, es decir, que ya no se puede hacer nada contra el acto.

Para aquellas liquidaciones o sanciones que son firmes por no haberse recurrido en plazo, la Ley regula unos casos específicos en los que, aún siendo firmes, puedan ser objeto de una revisión especial y que la Ley circunscribe a: actos nulos de pleno Derecho, procedimiento de revocación, procedimiento de rectificación de errores, declaración de lesividad y devolución de ingresos indebidos.

Cada uno de ellos son definidos estrictamente tanto en la Ley como en el Reglamento de manera que establecen cuáles son los casos en que se puede iniciar un procedimiento de los previstos.

Pero estamos ante procedimientos muy excepcionales y complejos, y que habría que analizar la casuística de cada supuesto para valorar si procede o merece la pena, tratar de iniciar un procedimiento especial de revisión.